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Novedades Tecnología

Construyamos una ley por y para todos. Respuesta a la Ministra TIC

La posible creación de un impuesto del 4 por ciento al consumo de datos tiene en alerta al sector de las telecomunicaciones.

La posible creación de un impuesto del 4 por ciento al consumo de datos tiene en alerta al sector de las telecomunicaciones.

Foto:EFE

Carta de organizaciones sociales a propósito del debate sobre la Ley de Modernización del sector.

El 11 de mayo, Sylvia Constaín, Ministra de las TIC, publicó en este medio una
columna de opinión en relación al proyecto de ley nº 152 de Senado, de
modernización de las TIC. Las tesis de la columna eran dos:
1) el proyecto de ley “permitirá dar el salto hacia una sociedad más moderna y equitativa” y 2) el proyecto de ley es una construcción conjunta con la sociedad civil y todos los partidos políticos.
Compartimos el diagnóstico, la brecha digital en Colombia y la desconexión de casi la mitad de la población es insoslayable, y la necesidad, establecer un marco jurídico que contribuya al cierre de dicha brecha y a la extensión de la conectividad. Sin embargo, pareciera que el hecho de que el proyecto tenga como objetivo declarado el cierre de la brecha digital significa, automáticamente, que el texto del proyecto efectivamente contribuirá a tal fin.
Cuando quiero sacar un tornillo ¡puff! salió… No, me toca elegir la herramienta bien o
reconocer que fracasé. Del mismo modo, no sirve que un decisor político diga que tiene muy buena voluntad si no nos muestra sus herramientas. Y no, el proyecto de ley no tiene las mejores herramientas y podemos verlo con un caso: las redes comunitarias.
Las redes comunitarias permiten a grupos de personas de zonas tradicionalmente
desconectadas, especialmente de zonas rurales, construir, ellos mismos, su conexión.
Estas han mostrado toda su potencialidad por ejemplo, en Argentina y México, y el
reconocimiento y apoyo a las mismas es recomendado por las Naciones Unidas y la
OEA dada su capacidad para contribuir a la inclusión digital.
Partidos políticos y sociedad civil colombianos se han hecho eco de su importancia y han propuesto que se las reconozca en ley TIC, ya que este modelo contribuiría enormemente a alcanzar los objetivos planteados en la ley en zonas donde el mercado no tiene interés en proporcionar conectividad.
La Ministra señala que “[l]a propuesta fue construída a partir de las experiencias exitosas de otros países [...] y de las recomendaciones y estudios de organismos internacionales y nacionales” y que la ley se ha construido “con insumos de sociedad civil y todos los partidos políticos”. Y sin embargo, en el proyecto de ley no hay ni mención a las redes comunitarias, ignorando evidencias nacionales e internacionales, las recomendaciones de las Naciones Unidas y las propuestas de la sociedad civil colombiana que se presentaron de manera formal como artículos para el proyecto.
Para la Ley, las redes comunitarias no son una herramienta válida para reducir la enorme brecha digital existente en Colombia.
El campo de las tecnologías avanza a pasos agigantados, pero el proyecto de ley no. Es un texto viejo antes de nacer que se construye sobre la idea de que la conectividad solo la pueden extender las grandes empresas, que la ciudadanía es inútil para ello. Nada más lejos de la realidad. Las tecnologías que permiten desplegar infraestructura de telecomunicaciones han avanzado mucho en los últimos años, requiriendo mucha menos inversión y conocimiento, lo que permite que cualquier grupo de personas pueda organizarse para satisfacer sus necesidades de comunicación si el marco político y regulatorio les apoya.
Si el objetivo, como señala el proyecto de ley, es cerrar la brecha digital y, a través de
ello, mejorar la vida de toda la ciudadanías, ¡aquí estamos! Tiene usted todo nuestro
apoyo y energía. Pero este proyecto de ley no cumple con el objetivo de generar
condiciones de equidad para una real inclusión digital. Y la exclusión de las redes
comunitarias no solo es prueba de ello, sino que contribuye a ahondar las inequidades que de por sí ya afectan a grupos discriminados como las mujeres, las víctimas del conflicto o los campesinos.
Este proyecto de ley se beneficiaría sustancialmente de construir sobre las experiencias exitosas y las recomendaciones internacionales y nacionales. De momento, este proyecto de ley ignora las propuestas que desde sociedad civil y los partidos políticos se han impulsado. Estamos a tiempo de solucionarlo y darnos como país la mejor ley posible.
Como usted propone, señora Ministra: hagamos un proyecto de todas y todos los
colombianos, para todas y todos los colombianos.
FUNDACIÓN KARISMA
ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LAS COMUNICACIONES EN AMERICA LATINA - APC.
NUESTRA RED
*Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, carta de respuesta para El Tiempo
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