Redes comunitarias: infraestructura y conectividad de abajo hacia arriba

Como sucedió con cada nueva tecnología de comunicación, el desarrollo de Internet se articula con movimientos cooperativos, comunitarios o de “abajo hacia arriba” que buscan modificar la lógica mercantil y de consumo que ha adquirido con su masificación (como sucedió antes con el teléfono, la radio y la televisión, por ejemplo). Luego de una “primera ola” de redes comunitarias que aparecieron a partir de la década de 1990 en muchos centros urbanos del mundo (y algunas experiencias locales), en la actualidad estos proyectos apuntan a brindar acceso a Internet en zonas rurales y a sectores en situación de vulnerabilidad, donde el sector privado no obtiene retorno de inversión y las políticas públicas tampoco han dado respuestas.

En la Argentina se han desarrollado experiencias de este tipo en Córdoba, Villa 20 de Buenos Aires y la Puna jujeña. Como respuesta a las deficiencias de equipamiento específico para estos fines, AlterMundi impulsó la creación de un hardware libre junto a otras organizaciones, que estará disponible para redes comunitarias de distintos lugares del globo a través de una plataforma de comercialización china. Además, a partir del diálogo con referentes de las dos organizaciones que llevan adelante estas experiencias, AlterMundi y Atalaya Sur, se identifican las principales problemáticas y sus demandas para que estos proyectos crezcan y puedan replicarse en otros territorios.

QuintanaLibre, la red comunitaria impulsada por AlterMundi en Córdoba

La red comunitaria de QuintanaLibre comenzó a funcionar en marzo de 2012 en José de La Quintana, provincia de Córdoba, un pueblo de 1000 habitantes y luego se extendió a otros seis lugares de la zona (San Isidro, Anisacate, Valle de Anisacate, La Bolsa, La Serranita y Nono) a través de enlaces inalámbricos que unen poblaciones a ambos lados de las Altas Cumbres. La red utiliza tecnología de software libre desarrollada por AlterMundi, organización que también brinda soporte y asistencia técnica. La conexión a Internet es garantizada a través de un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba por medio de un radioenlace de 50 km; los habitantes de las redes comunitarias utilizan ese servicio de noche y los fines de semana, cuando baja la demanda de ancho de banda por parte de estudiantes y trabajadores en la universidad. Además de conectividad, la red cuenta con un portal, listas de correo para difundir actividades e información local, un servicio de chat o mensajería, streaming de una radio local y un repositorio para guardar material creado por la comunidad.

El trabajo de Alter Mundi se desarrolla en pueblos pequeños donde no prestan servicios actores de las telecomunicaciones (ni privados, ni cooperativos o estatales) y es un modelo sin fines de lucro, basado en una solución de bajo costo con redes mesh y software libre, para facilitar su uso e instalación. También impulsan acciones de incidencia para el desarrollo de las redes comunitarias: a nivel local han realizado aportes durante el debate de la Ley Argentina Digital sancionada en 2014 y otras consultas más recientes lanzadas por el organismo regulador (ENaCom). Además, integran la red de organizaciones de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y en el plano regional e internacional impulsaron la creación de Coalición Dinámica sobre Conectividad Comunitaria, bajo el auspicio del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas, y el Grupo Especial de Interés de Redes Comunitarias de Internet Society (ISOC).

El lanzamiento del LibreRouter

Uno de los objetivos al momento de diseñar las redes comunitarias de Internet fue desarrollar un software fácil de utilizar, destinado a bajar la barrera de entrada en relación a los conocimientos tecnológicos necesarios para su instalación. Sin embargo, un obstáculo relacionado con el hardware surgió a partir de 2015, como consecuencia de las nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre el uso de bandas que impactaron en la fabricación de equipos cerrados para evitar que su software sea modificado.

AlterMundi presentó un proyecto para fabricar un hardware abierto, el LibreRouter, que se adapta a los fines y características específicas de las redes LibreMesh. Esta propuesta fue ganadora del Premio Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA), de LACNIC, como reconocimiento al desarrollo de la red de La Quintana, que incluyó un financiamiento para llevarlo adelante. A principios de 2018 la organización comenzó a testear el prototipo y en junio comenzó su fabricación por parte de una empresa china de pequeña escala que produce hardware abierto, Draguino, con distribución global mediante una plataforma de comercio electrónico.

El LibreRouter tiene ventajas técnicas y económicas: tiene una radio más que los utilizados anteriormente (dos en 2,4 Ghz y una en 5 Ghz) y su valor es 3 veces inferior a una versión equivalente en el mercado (el precio anunciado es de 150 dólares). Además, el router incluye todos los elementos necesarios para instalar un nodo entero (caja preparada para estar a la intemperie, cables y antenas). Otro beneficio importante para las redes comunitarias es contar con un recurso disponible de forma constante en el tiempo, ya que en general recurren a un mercado de hardware que apunta a pequeños ISP, diseñado para otros objetivos y mercados. “A veces se discontinuaba un equipo y las comunidades dependían de un modelo específico y complicaba mucho encontrar un hardware que sirva, es un problema histórico”, explica a Revista Fibra Nicolás Echániz, quien trabaja con redes comunitarias desde 2003.

Otra característica relevante del diseño del router es que cuenta con dos placas, una más pequeña y compleja y otra más grande que podría fabricarse y adaptarse a nivel local en un futuro. Echániz es optimista en relación a la demanda del LibreRouter por parte de la movimiento global de redes comunitarias: “Hicimos una encuesta con las personas que nos escribieron en algún momento desde que empezó el proyecto y preguntamos cuántos routers comprarían entre 2018 y 2019, si los primeros cumplen sus expectativas, y la respuesta fue más de 2500”, durante la primera semana de la consulta. Además, considera que la disponibilidad de este hardware con software LibreMesh preinstalado permitirá la actualización y expansión de estas redes, que hace dos años están limitadas por el cambio regulatorio de los Estados Unidos y su impacto en la fabricación de hardware en el sector privado.

Atalaya Sur: despliegues en Villa 20 en Buenos Aires y la Puna jujeña

Otras redes comunitarias han surgido en la Argentina a través de Atalaya Sur (Proyecto Comunidad): en 2014 comenzó un despliegue en Villa 20 (Ciudad de Buenos Aires) y a fines de 2016 otra experiencia se lanzó en La Quiaca y el pueblo de Cieneguillas, en la Puna jujeña, conectados a una intranet, la Red Chaski1.

En Villa 20 se instaló una red de WiFi comunitaria que combina fibra óptica y radiofrecuencia; en la actualidad cuenta con 27 puntos en 2.4 Ghz conectados en la casa de vecinos, mirando hacia la vía pública en las calles más pobladas y en otras secundarias. Además, se conectaron algunos centros comunitarios y se están realizando pruebas pilotos en hogares donde los vecinos reciben capacitación para realizar ellos mismos la conexión en el interior de la vivienda. Si bien la infraestructura permite la conexión de 4000 usuarios en simultáneo, la conexión a través de la empresa Telefónica no permite hacerlo porque brinda una capacidad muy limitada: “hoy estamos manteniendo la red así pero requiere un proceso de reorganización o una solución colectiva para poder conseguir más ancho de banda”, detalla a Fibra Manuela González Ursi, referente de Atalaya Sur.

En el caso de La Quiaca, la ciudad fronteriza del Norte del país que limita con Bolivia, Atalaya Sur instaló 50 puntos de acceso público conectados a la red social Chaski, una intranet comunitaria que funciona sobre plataformas de software libre para generar y compartir contenidos propios (mensajería, videoteca, biblioteca, etc.). La red Chaski también conecta a Cieneguillas, un pueblo de 450 habitantes, que a fines de 2016 contaba con servicios mínimos de comunicación (un teléfono fijo en reparación que podía recibir llamadas únicamente). Si bien no se logró ampliar la red a otros puntos de la Puna por el momento, desde 2018 se consiguió el acceso a Internet en Cieneguillas al contratar 3 megas a un proveedor local de La Quiaca y distribuirlos a través de la infraestructura desarrollada con los puntos de acceso público.

Obstáculos (y propuestas) de las redes comunitarias

Acuerdos de interconexión y el rol de ARSAT.

Una medida que facilitaría el funcionamiento y expansión de estas redes es la celebración de acuerdos de peering con ARSAT (la empresa estatal de telecomunicaciones) y de interconexión y transporte con otras compañías privadas. En caso de concretarse, esto facilitaría para AlterMundi el transporte hasta el NAP de la Universidad Nacional de Córdoba. Por su parte, Atalaya Sur reclama acceso a Internet mayorista a precio subsidiado (al mismo costo o inferior al que ofrece ARSAT) para poder desarrollar un modelo sustentable en las comunidades, que se gestionan de forma cooperativa.

Espectro radioeléctrico. Al usar tecnología inalámbrica, un punto central es que las redes comunitarias sean contempladas al definir la gestión del espectro en relación a Internet de las Cosas (IoT por su acrónimo en inglés) y el uso de espacios en blanco que habilita la TV Digital Terrestre (TVWS, también por su acrónimo en inglés). En referencia a las bandas de TVWS, Nicolás Echániz de AlterMundi plantea que “las telefónicas las quieren para el uso de móviles y otros jugadores grandes, como Microsoft y Facebook, realizan lobby con los gobiernos a través de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA) para que no sean de uso exclusivo; nuestro reclamo es que también se considere el software libre y abierto”. Cabe mencionar que en 2016 el ENaCom firmó un convenio con Microsoft que todavía no se dio a conocer por motivos de “confidencialidad”, a pesar de los pedidos de acceso a la información pública que se presentaron.

En relación a otras problemáticas específicas de nuestro país, algunas redes comunitarias podrían brindar servicios de telefonía celular y no está claro cómo accederían a porciones locales de espectro. Por otra parte, la fusión de Cablevisión y Telecom implica una concentración de frecuencias y “su devolución debería incluir una reserva para zonas aisladas y servicios no comerciales”, propone Echániz, además de “extender la autorización para el uso de bandas de 4900 a 6200 Mhz, que actualmente utilizan de hecho los ISP”.

Licencia para redes comunitarias. Otra limitación está relacionada con las condiciones de las licencias TIC en nuestro país; la propuesta de las redes comunitarias implica que se reconozca su modelo de organización sin fines de lucro y evitar los costos que se imponen a los operadores comerciales.

Fondos del Servicio Universal.

Los requisitos para acceder a estos fondos están diseñados para prestadores comerciales y las convocatorias que se abrieron en el último tiempo solamente cubren el rubro de equipamiento, “lo cual es un problema, sobre todo cuando uno piensa en experiencias como la de La Puna, donde hay costos altísimos de logística”, plantea Manuela González Ursi de Atalaya Sur. Y agrega “justamente lo que se está haciendo es no cumplir con el objeto y espíritu de ese Fondo, que es garantizar el derecho a Internet en las poblaciones donde hoy no se accede”.